El aborto en Venezuela y la despenalización del derecho a decidir

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Durante la 69° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de este organismo solicitó a la República Bolivariana de Venezuela la revisión y modificación de la ley del aborto, permitiendo la interrupción del embarazo, así como, excepciones adicionales como los embarazos producto de violación e incesto, con el objetivo de minimizar los índices de mortalidad de mujeres que, de acuerdo a los expertos de esta organización figuran como uno de los más altos de la región.

 

“El Comité está profundamente preocupado por que Venezuela tenga uno de los índices más altos de la región de embarazos de adolescentes y que muchos de ellos acaben en muerte materna”. Así mismo afirmaría que, “está preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos”, preocupación que se fundamenta en el hecho de que “los índices de embarazo adolescente son los más altos de la región, al mismo tiempo que la mortalidad femenina en el grupo de edad de 15 a 17 años se han triplicado de 1997 a 2009 y aunque, según la información proporcionada por el Estado, este índice ha decrecido en 2013, sigue siendo muy alto” señala el organismo en sus conclusiones sobre Venezuela.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha alertado sobre este hecho, afirmando que en América Latina se realizan 4 millones de abortos cada año, 4 de cada 10 embarazos termina en aborto, así como, se dan 5 mil muertes por abortos inseguros al año. Pese a ello, en Venezuela el abortó continúa siendo tipificado en el Código Penal Venezolano como un delito, específicamente en sus Artículos 430 y 431, en los que se estipula:

 

Artículo 430: La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años.

 

Artículo 431: El que hubiere provocado el aborto a una mujer, con el consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta meses.

 

No obstante, si bien esta solicitud de despenalización del aborto ha sido hecha en múltiples y repetidas oportunidades por los movimientos feministas venezolanos, han sido obviados, por ello, parece oportuno la solicitud recientemente hecha por la ONU, lo cual aunado a la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pone en la discusión pública nuevamente este tema tan sensible en nuestra sociedad.

 

Pese a los avances en algunos países de la región, como es el caso reciente de Uruguay donde gracias a la despenalización del aborto la mortalidad de mujeres a decrecido significativamente, en nuestro país sigue siquiera sin ser considerado, por parte del Estado Venezolano nos encontramos con un absoluto silencio, siendo este tema obviado en las discusiones y la agenda política. Así mismo, es posible evidenciar con gran preocupación las reacciones generadas en el conglomerado social a partir de la solicitud de la ONU, donde se evidencia con preocupación que el principal argumento para el rechazo de la despenalización del aborto suele ser de carácter religioso.

 

Estas reacciones se hacen manifiestas en los diferentes estratos de la población, así como, en los diversos grupos etarios y genéricos, el pensamiento patriarcal y religioso ha penetrado tanto en nuestra sociedad que las mismas mujeres niegan el derecho a decidir sobre su cuerpo y la posibilidad de elegir ser madres o no, el machismo enquistado en nuestra sociedad también se haría manifiesto resaltando la perdida de feminidad y menoscabo de la condición del ser mujer con la decisión de abortar. Otros por el contrario se orientarían a afirmar que la despenalización del aborto solo contribuiría a legitimar la irresponsabilidad y la promiscuidad.

 

Sin embargo, con independencia del marco jurídico sancionatorio, el pensamiento católico de la culpa y la resignación, las opiniones individuales y la obviedad del Estado frente a este hecho, es una realidad que en Venezuela niñas de 11 y 12 años ya son madres, que hay altos niveles de ausentismo paterno, y que en caso de que estos tomen la decisión de seguir adelante con un embarazo no están preparados para ello, reproduciendo círculos de pobreza, deserción escolar y explotación laboral; la realidad es que en Venezuela las mujeres abortan recurriendo a diferentes métodos y procedimientos de manera insegura e insalubre, los cuales la más de las veces tiene como consecuencias perforaciones, laceraciones uterinas, y en el peor de los casos la muerte. La realidad es que en Venezuela miles de niñas, adolescentes y mujeres mueren por la realización de estos procedimientos, bajo la mirada indiferente del Estado, la Iglesia y la Familia.

 

Es por esta razón que debemos comprender que, la despenalización del aborto no supone la penalización del embarazo, tampoco significa convocar a las mujeres a abortar, consiste en brindar a las mujeres la posibilidad de no morir por la realización de procedimientos en condiciones inseguras, de tomar las decisiones que competen a su cuerpo, lo cual necesariamente deberá darse como un proceso integral, de educación sexual y promoción del uso de anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados.

 

Esther Pineda G 

Publicado en Contrapunto, Caracas, Septiembre 2014.