Discriminación y violencia contra las personas LGBTI

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La sociedad se encuentra organizada desde una perspectiva homogenizadora, es decir, busca que las personas posean características, comportamientos y creencias comunes, considerando que dicha composición facilita la cohesión social, la solidaridad entre el grupo y contribuye a evitar el conflicto. La diferencia desde esta perspectiva es percibida como amenazadora, por lo cual desde los diversos agentes socializadores e instituciones sociales se persigue evitar y neutralizar la diferencia.

 

Es sobre la base de estos criterios que se fundamentan formas de discriminación, entre estas aquellas dirigidas a la población LGBTI y entre los que destaca: la homo-lesbofobia, entendida como odio o desprecio a los homosexuales y lesbianas, y la transfobia la cual se constituye como el odio o adversión dirigida a las personas transgéneros, transexuales o travestis.

 

No obstante estos prejuicios contra la población LGBTI con frecuencia trascienden la dimensión conceptual para desarrollarse en el contexto de las distintas interacciones cotidianas a través de la violencia por prejuicio, la cual se define como la violencia verbal, psicológica, física o sexual “que es ejercida contra las personas que se perciben como trasgresoras de las normas tradicionales de género, del binomio hombre/mujer, y cuyos cuerpos difieren de los cuerpos femeninos y masculinos estándar”.

 

Así lo pone en evidencia la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el informe Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América presentado el pasado mes de noviembre 2015, en el cual aparecen como las principales motivaciones de esa violencia:

 

  • La “percepción” o el estigma de ser gay o trans, situación que pone a las personas en riesgo.

 

  • El deseo de los agresores de “castigar” o “corregir” dichas identidades, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales.

 

  • La defensa por pánico gay/trans, pues se alega que en algunas ocasiones la violencia contra hombres y mujeres ocurren como reacción ante coqueteos o proposiciones por personas del mismo sexo.

 

  • El deseo de realizar una “limpieza social”, situación en la que la violencia es utilizada para forzar a trabajadores sexuales LGBTI a abandonar ciertas áreas, o para evitar que se reúnan en ciertos lugares como bares o discotecas.

 

  • Y finalmente como bien lo afirma María Gómez en su ensayo Violencia por prejuicio el interés que tiene el agresor de enviar un mensaje de terror e intimidación no solo contra la víctima sino contra todo aquel que se identifique con las características –reales o imaginarias- que generaron el ataque.

 

Además de ello, de acuerdo a este informe, otra de las formas que pueden ser categorizadas como violencia por prejuicio será la criminalización y estigmatización de la población LGBTI por parte de la jurisdicción, las instituciones formales y los funcionarios del Estado, manifiesta en:

 

  • La existencia de leyes de “sodomía” o que penalizan la actividad sexual privada y consensual entre personas adultas del mismo sexo, este tipo de leyes aun existentes en once Estados Miembros de la OEA.

 

  • El mantenimiento de leyes en las que se tipifican como delitos la “indecencia” y la “inmoralidad”, que buscan proteger la “moral pública” o las “buenas costumbres”. Este tipo de leyes con frecuencia poseen un contenido de carácter subjetivo y pueden contribuir a legitimar formas de discriminación contra las personas LGBTI.

 

  • La presencia de leyes que criminalizan las identidades y expresiones de género no normativas; un ejemplo de ello será Guyana cuya legislación criminaliza el uso de prendas de vestir socialmente atribuidas a otro género (cross-dressing).

 

  • La ausencia de instrumentos jurídicos que tipifiquen la violencia por prejuicio y los crímenes de odio, así como, la existencia de una legislación que no condena, o -en el peor de los casos- condona la discriminación, la estigmatización y la violencia contra personas LGBTI -amparada principalmente en criterios de carácter religioso-.

 

Estos hechos en su conjunto han creado las condiciones para que la población LGBTI se encuentre en condición de desprotección, manifiesto según el informe en:

 

  • Las represalias a demostraciones públicas de afecto, violencia cotidiana generalizada, ataques multitudinarios y asesinatos de las personas LGBTI.

 

  • La ausencia de denuncias y de estadísticas oficiales ante la violencia institucional y los altos índices de impunidad.

 

  • La vulneración de derechos humanos (violencia sexual, tortura, y tratos crueles, inhumanos y degradantes) a personas Gays, lesbianas y trans parte de agentes de seguridad.

 

  • El maltrato, hostigamiento e incluso violencia física recibida por las personas LGBTI que buscan atención médica, así como, las llamadas “terapias correctivas” a las que son sometidos algunos jóvenes con la finalidad de modificar su orientación o identidad.

 

  • Los discursos discriminatorios y de odio difundidos en debates públicos, medios de comunicación, internet, entre otros.

 

Ante este escenario poco favorable, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas urgentes dirigidas a combatir la discriminación, prejuicios y estereotipos contra las personas LGBTI; así mismo, estas deberán estar acompañadas de iniciativas integrales que garanticen la prevención, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia cometidos contra esta población bajo los estándares de debida diligencia.

 

Esther Pineda G

Publicado en Contrapunto, Caracas, Diciembre 2015