Homo-trans-fobia institucional

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Ser gay, lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual en cualquier parte del mundo, como consecuencia de una organización social patriarcal, genero-binaria y heteronormativa, ha sido y continúa siendo una condición que expone al estigma, el prejuicio y la discriminación. Ante ello, -si bien con reservas y limitaciones- algunos países en América Latina avanzan en la creación de legislaciones, marcos normativos, políticas públicas e instituciones especializadas orientadas a reconocer y garantizar los derechos de la población LGBTI; así como, para la prevención, atención y erradicación de la desigualdad social, violencia y formas de discriminación fundadas en la identidad de género y las preferencias sexo-afectivas.

 

No obstante, en el caso de Venezuela pese a que en el discurso oficial se enarbola con frecuencia el interés y preocupación por la población LGBTI, la disposición política, voluntad de reconocimiento y apoyo a esta comunidad históricamente vulnerada, la realidad es que este no se corresponde con las prácticas concretas dirigidas a este grupo social. La población LGBTI en nuestro país aún se enfrenta al irreconocimiento del matrimonio igualitario y a la negativa de adopción por parte para parejas del mismo sexo; no existe una ley de identidad de género, no hay una ley contra la discriminación por identidad de género y preferencia sexo-afectiva, no se encuentran tipificados los crímenes de odio, como tampoco se cuentan con instituciones especializadas y políticas públicas afirmativas para la atención, asesoría y acompañamiento de la población LGBTI.

 

En Venezuela las pocas iniciativas e instancias creadas en materia LGBTI generalmente han sido desarrolladas de manera coyuntural, es decir, ante la emergencia de matrices de opinión en la que se acusa a algún funcionario o institución de homo-trans-fobia. Otras que si bien se han creado con la intención de beneficiar a esta población no se han mantenido en el tiempo, por el contrario, han sido creadas bajo la figura de coordinaciones, instancias que la mas de las veces no cuentan con poder de decisión, equipo humano o recursos económicos; condenándolas desde sus inicios a la desaparición o reduciéndolas a la figura de mesas técnicas que nunca llegan a trascender la fase diagnostica, siendo necesaria su eterna reinstalación junto a cada cambio de autoridades.

 

Por su parte, algunos de estos organismos creados han sido rápidamente desmantelados bajo el argumento de fusiones con otras unidades, el fortalecimiento institucional, restructuraciones -que nunca ocurren- y restricciones presupuestarias, entre estas es posible mencionar: la desaparecida Coordinación para el Desarrollo de las Personas Lesbianas, Gays, Bixesuales y Transexuales (GLBT) de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas creada en 2005, la Oficina de Atención Integral a la Sexodiversidad del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, el Centro de Inclusión Social Belinda Álvarez para la atención de la fármacodependencia y la situación de calle de mujeres trans, y la Oficina de Atención a la Comunidad Sexo-Género Diversa del Gobierno del Distrito Capital recientemente clausurada.

 

Estos argumentos han servido para justificar la homo-trans-fobia que aún persiste en las instituciones del Estado, ponen en evidencia la inexistencia de una política consistente en materia de derechos LGBTI, así como, la ausencia de voluntad para la consolidación y mantenimiento de los espacios para el desarrollo de la población no heterosexual. En definitiva, ponen de manifiesto la discriminación estructural, la cual comprende todas aquellas prácticas, actitudes y conductas que de forma explícita o solapada, intencionada o involuntaria se constituyen como un obstáculo para que los grupos de personas históricamente vulneradas alcancen la igualdad de derechos, así como, la mejora de sus oportunidades y condiciones de vida.

 

Esther Pineda G

Publicado en Contrapunto, Caracas, Marzo 2017